El pasado día 20 de febrero, se ha publicado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Como ya habíamos apuntado, en un artículo anterior, el Canal de Denuncias es una herramienta útil para las empresas y entidades para detectar y abordar actividades ilegales, poco éticas o irregulares dentro de la organización. Algunas de las utilidades son:
- Prevención de la corrupción: el canal de denuncias puede ayudar a prevenir y detectar actividades corruptas dentro de la organización, como sobornos, malversación de fondos y conflictos de intereses.
- Cumplimiento normativo: el canal de denuncias puede ser utilizado para informar sobre posibles violaciones de la ley, regulaciones y políticas internas de la organización, lo que ayuda a la empresa a cumplir con las normas y regulaciones.
- Mejora del clima laboral: el canal de denuncias puede mejorar el clima laboral y la confianza de los empleados en la organización, ya que proporciona un medio seguro para reportar comportamientos inapropiados sin temor a represalias.
- Identificación temprana de problemas: el canal de denuncias puede ayudar a identificar problemas antes de que se conviertan en grandes crisis para la organización, lo que permite a la empresa abordarlos de manera efectiva y evitar mayores daños reputacionales.
- Protección de la marca y la reputación: el canal de denuncias puede ayudar a proteger la marca y la reputación de la organización al permitir que la empresa actúe rápidamente para abordar cualquier problema de conducta que pueda dañar su imagen pública.
Novedades
Esta normativa supone un importante avance en la universalización del Canal de Denuncias como herramienta para combatir el fraude, y demás delitos penales, ya que extiende la obligatoriedad a todas las empresas, con más de 50 empleados, en lugar de los 250 que marcaba la normativa anterior.
Dentro del sector privado, esta ley obliga también a otras empresas independientemente del número de empleados como son:
- Empresas que desarrollen en España actividades a través de sucursales, agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente
- Partidos políticos
- Sindicatos
- Organizaciones empresariales y sus fundaciones (si reciben fondos públicos para su financiación)
Dentro del sector público será obligatorio también para:
- Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública
- Organismos públicos con funciones de comprobación o investigación
- Organismos que gestionan servicios de la Seguridad Social
- Universidades públicas y corporaciones de Derecho Público
- Sociedades y Fundaciones Públicas
- Corporaciones de Derecho Público
- Órganos de relevancia constitucional (ayuntamientos, municipios, etc.)
El objetivo de esta ley es proteger a quienes denuncian infracciones administrativas o penales, graves o muy graves, manteniendo en todo momento su anonimato, si así lo desea, según está previsto en la ley. Por ello, la propia normativa establece la necesidad de implantar herramientas web disponibles las 24 horas del día, para cualquier persona, y desde cualquier lugar. Los buzones físicos de antaño, podrían estar vigilados o su acceso restringido por razones obvias. Estas características, son fundamentales para evitar cualquier delito, ya que el solo hecho de que exista un canal de comunicación accesible por cualquier persona relacionada con la empresa, invita al cumplimiento estricto de las leyes y a evitar irregularidades, en especial aquellas que supongan quebranto contra la administración pública, levantamiento de bienes, malversación, cohecho u otros delitos de naturaleza pecuniaria.
Por lo tanto, esta normativa establece la obligación de configurar un sistema interno de información, en los países anglosajones conocido como sistema de whistleblowing, de cuya implementación es responsable el órgano de administración o de gobierno de cada entidad, institución o empresa y que debe cumplir con las características técnicas comentadas más arriba, siendo necesario además el nombramiento de un responsable del sistema que implemente un procedimiento de gestión de las denuncias.
Aquellas empresas o entidades que incumplan esta obligación, podrán ser sancionadas con hasta 300.000€, si es una persona física, y con hasta 1.000.000€ si el infractor es una persona jurídica, exponiéndose además a otros castigos como la amonestación pública y la prohibición de contratar con la administración pública, obtener beneficios fiscales o incluso recibir subvenciones.
Por último, hay que señalar que esta ley entra en vigor para las empresas de más de 250 empleados el próximo 13 de junio, y para las entidades de entre 50 y 250 empleados el próximo 1 de diciembre de 2023.
Integra ha desarrollado, para el cumplimiento de esta normativa, un Canal de Denuncias que se integra fácilmente en los clientes porque permite su despliegue inmediato directamente en la web del titular, sin otra operativa que insertar un enlace en la página principal. El Canal de Denuncias está integrado y operativo desde hace dos años en la plataforma para la gestión del RGPD denominada eGovit. Escríbanos y nos pondremos en contacto de manera inmediata.
En Madrid, 1 de abril de 2023
Diego Echeverri Uribe
Director Tecnológico
Integra Información y Comunicación S.L.
